Ciudad de México, 15 de octubre de 2025 – La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se convirtió en el epicentro de la polarización legislativa al abstenerse de votar a favor de la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, exponiendo profundas divisiones internas en Morena. En una sesión tensa en la Cámara de Diputados, el dictamen fue aprobado en lo general con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, pero la postura crítica de Sánchez Cordero –la única morenista en no respaldarlo– robó el protagonismo y avivó debates sobre el debilitamiento de garantías constitucionales.
La iniciativa, enviada desde el Ejecutivo que preside Sheinbaum, busca restringir el juicio de amparo –el mecanismo clave para proteger derechos individuales frente al Estado– mediante modificaciones que limitan la suspensión provisional en casos del sistema financiero, redefinen el “interés legítimo” y obligan a jueces a priorizar el “interés social” y el “orden público”. Además, amplía de 60 a 90 días los plazos para resoluciones y frena recursos de revocación en créditos fiscales firmes o actos administrativos ignorados. Defensores oficialistas argumentan que evita el uso “faccioso” del amparo para bloquear proyectos públicos, pero críticos lo ven como un retroceso autoritario.
Sánchez Cordero, figura histórica de la Cuarta Transformación y actual diputada de Morena, rompió filas con una abstención que resonó como un trueno en el bloque oficialista. En declaraciones previas y publicaciones en redes sociales, la legisladora ha criticado duramente la reforma de Sheinbaum por diluir el “corazón de los derechos humanos”. “El amparo no puede subordinarse a criterios políticos subjetivos como el interés social; esto erosiona la tutela judicial efectiva y deja vulnerables a ciudadanos y comunidades frente al poder estatal”, afirmó Sánchez Cordero, recordando su trayectoria como ministra donde defendió el amparo como herramienta progresista contra abusos. Su desacuerdo con la redefinición del interés legítimo –que prioriza consideraciones colectivas sobre individuales– la posiciona como voz disidente clave, evidenciando fisuras en un partido que suele cerrar filas ante iniciativas presidenciales.
El debate en San Lázaro amplificó estas tensiones. Opositores de PAN y PRI denunciaron que la reforma de Sheinbaum debilita protecciones ciudadanas y facilita actos autoritarios, ironizando que aliados del oficialismo, como la propia Sánchez Cordero en el pasado, alababan el amparo como baluarte de justicia. Desde Morena, la diputada Mariana Benítez defendió el proyecto como equilibrador contra elites que “frenan el desarrollo”, negando tintes autoritarios. Sin embargo, la abstención de Sánchez Cordero contrastó con el respaldo mayoritario de su bancada, generando murmullos y cuestionamientos sobre la unidad interna.
Otras disidencias en aliados: en el PT, Martha Araceli Cruz votó en contra, mientras Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron; la verdeecologista Ana Erika Santana también rechazó el dictamen. Organizaciones civiles y expertos advierten que estas cambios, si prosperan en lo particular y el Senado, erosionarían el contrapeso judicial, dejando a indígenas, ambientalistas y contribuyentes sin defensa efectiva.
La postura de Sánchez Cordero no solo destaca su legado como guardiana de derechos –forjada en la SCJN–, sino que plantea un desafío directo a la agenda de Sheinbaum, quien hereda un Poder Judicial en reforma. Analistas ven en esta abstención un síntoma de debates maduros dentro de Morena, con potencial para que la Corte declare inconstitucionales los aspectos más restrictivos. Mientras la norma avanza, la crítica de la exministra resuena como recordatorio: el amparo, en su visión, no es negociable en nombre del “bien común”.